Desgraciadamente, no será la última vez que la clase política tiene un encontronazo con el sector del transporte y la distribución a cuenta de querer aplicar normativas que son casi imposibles de llevar adelante, y que además casi siempre, demuestran una importante falta de conocimiento sobre lo que se legisla.

En este caso nos debemos de referir al Ayuntamiento de Madrid y la aplicación que quiere hacer sobre la zona de Bajas Emisiones llamada "Madrid 360", y que, según las principales asociaciones de transporte y viajeros, de llevar adelante sus planes para el 2025 obligará a achatarrar decenas de miles de camiones y autobuses en perfecto uso, lo que dejará muchos subsectores de transporte sin alternativa real para seguir prestando su actividad.

Estas asociaciones denuncian la inflexible actuación del Ayuntamiento de Madrid en materia de restricciones a la circulación tanto de camiones como de autobuses en la ciudad, como consecuencia de su decisión de convertir en 2025 todo el término municipal en Zona de Bajas Emisiones que llevara, por un lado, a que muchas empresas no puedan seguir con su actividad de distribución y, por otro lado, encarecerá la distribución de las mercancías y bienes en la ciudad.

Parece que esta política hostil hacia el sector del transporte es única en toda España según aseguran, ya que ninguna otra ciudad ha implementado una medida restrictiva similar como la que quiere poner en marcha el Ayuntamiento de Madrid. No obedece a ninguna exigencia medioambiental, como lo demuestra la significativa mejora en la calidad del aire de la ciudad en los últimos años y la ausencia de episodios de alta contaminación desde 2020. Además, no responde a ninguna normativa estatal o europea. De hecho, el Ministerio de Transición Ecológica, en su Guía de Directrices publicada en 2021 para la Creación de las Zonas de Bajas Emisiones (puedes descargar el documento aquí), en colaboración con la Federación Española de Municipios y Provincias, enfatiza la necesidad de un tratamiento favorable para sectores profesionales como el transporte y reparto, garantizando que puedan seguir prestando sus servicios esenciales.

La obligación de que los vehículos que accedan a Madrid 360 sean únicamente eléctricos, ECO o C supone que restringir el acceso a más de un 50% de la actual flota de transporte (algo más de 96.000 vehículos), que no podrá acceder a partir de enero del 2025 para realizar su labor de transporte y distribución, por lo que como han dicho las asociaciones, tendrá una consecuencia muy directa en un encarecimiento de buena parte de los productos de alimentación y otros bienes que se consumen en la ciudad de Madrid por la reducción de la oferta de transporte ocasionada por dicha política ultra ecologista.

Ciertamente, parece muy poco lógico prohibir el acceso a los vehículos que hacen la distribución, por ejemplo, a la hostelería, y luego hacer bandera de la ciudad y Comunidad de Madrid con el turismo. De no ser que el alcalde de la ciudad Jose Luis Almeida tenga un as en la manga, estas restricciones supondrán un perjuicio claro para el sector del transporte, para los madrileños que tengan que recibir sus envíos por un potencial encarecimiento de los mismos, y un grave problema de abastecimiento de productos para una de las principales actividades económicas de la ciudad como lo es la hostelería y el turismo.

Esperemos que la situación pueda reconducirse, pero en el fondo este problema será el que tendrá que afrontar el sector del transporte en todas las poblaciones con obligación de tener Zonas de Bajas Emisiones, que supondrá estar en manos de alcaldes y técnicos más preocupados por cuestiones políticas que por conocer la realidad.

Carlos Zubialde

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